Reforzar los controles de fiscalización y mantener la paz social son dos de las premisas de la Secretaría de Trabajo de Río Negro frente a la inminente llegada de trabajadores migrantes de diferentes provincias del norte argentino. Encabezada por su titular, María Martha Avilez, la cartera ya avanzó en estrategias conjuntas con otros organismos, tales como la Policía y la Secretaría de Transporte.

Avilez viene desarrollando un trabajo en territorio desde este organismo desde hace más de cinco años en diferentes frentes, como el área conciliatoria de la Delegación Viedma, la Delegación Zonal de Trabajo y luego en el sector de Fiscalización, Sumarios y Multas, tarea que le permitió recorrer todo el territorio provincial.

Remarcó que para la tarea: “necesitamos mayor presencia, mejorar el servicio a la comunidad a través de las 18 Delegaciones Zonales y esta ha sido una de las premisas fundacionales para llevar adelante esta gestión y un eje de trabajo marcado por el propio Gobernador. Necesitamos mejorar el servicio, estar cerca de la gente y dar respuestas efectivas”.
En diálogo con la prensa esta mañana, la Jefa de Trabajo remarcó que la impronta será: “un Estado presente y eficiente. De ahí resulta fundamental el rol de las Delegaciones Zonales, tener datos estadísticos respecto a los acuerdos conciliatorios celebrados en las dependencias en pos de mejorar el servicio con una clara apertura al diálogo tripartito y a la búsqueda de consensos ante los conflictos que se puedan suscitar”.

Operativos por la cosecha

Ante el movimiento poblacional masivo que se genera a partir del arribo de trabajadores migrantes en los sectores rurales de nuestra provincia, la Secretaria mantuvo reuniones con la Jefatura de Policía para coordinar acciones.
“Empezamos a coordinar acciones relacionadas a un organigrama general, con los referentes de nuestro organismo laboral para intervencion ante cualquier conflicto, como así también los de jefes de unidades debido a la presencia policial que habrá en cada ingreso a la Provincia”, explicó Avilez.
“Estamos frente a trabajadores de temporada y a trabajadores permanentes discontinuos, que son aquellos que ya tienen una relación con las razones sociales de nuestra provincia y que son convocados para las tareas”.
Respecto a la cantidad de trabajadores esperados, dijo Avilez que “el año pasado se contabilizaron alrededor de 25 mil trabajadores. Este año la cantidad podría ser similar teniendo en cuenta la demanda de mano de obra y en eso no se descarta que pudiera ser una cantidad superior”.

Detección y procedimiento ante hallazgo de menores

“Mediante la labor de control y fiscalización conjunta entre varios organismos frente al arribo de trabajadores migrantes, y ante la detección de menores de edad, la autoridad competente exige la documentación necesaria para la comprobación de parentesco con alguno de los mayores con los que viajase”, explicó María Martha Avilez.
Una vez ingresado el trabajador a su puesto “se inicia una tarea de control relacionada con la fiscalización y el ejercicio del poder de policía propiamente dicho. Entre otros puntos, nuestra función es prevenir y detectar y no permitir bajo ningún aspecto el trabajo de menores de edad”. Estas situaciones pueden surgir en los controles de oficio o bien a través de denuncias de gremios como UATRE. Cabe aclarar que las leyes vigentes contemplan, no obstante, la posibilidad de trabajo adolescente con ciertas restricciones.
En este marco y en relación a los acuerdos con otras provincias, “tenemos una resolución (3192) que se encuentra vigente, la cual prevé el deber de información por parte de las provincias sobre los micros o modos de traslado para lograr identificación de transporte y de las personas que viajan para trabajar”.
Para ello también se trabaja en forma conjunta con los gremios, sindicatos y otros organismos como el Comité de Lucha contra la Trata de Personas. Tenemos un trabajo muy articulado ante denuncias que se realizan a la linea145 y que requieren constatar situaciones ‘in situ’, verificando si se trata de irregularidades laborales o si efectivamente estamos ante un posible caso de explotación laboral y todo lo que ello conlleva. A partir de ahí se activan otros dispositivos frente a la configuración de delitos de tipo penal”, detalló la Secretaria.