El dato no es menor: habla de un sistema que funciona, de un Estado que no llega tarde y de una política pública que entiende que el conflicto no se patea hacia adelante, se encara. El crecimiento en la cantidad de expedientes iniciados fue acompañado por un aumento proporcional en las resoluciones, consolidando una tendencia positiva sostenida en el tiempo.
Detrás de estos números hay un cambio de lógica: la intervención temprana, la presencia territorial y el trabajo sistemático de las delegaciones permitieron encauzar disputas laborales antes de que escalaran, favoreciendo el diálogo entre las partes y acortando los tiempos de respuesta. Más acuerdos, menos litigios: una ecuación que ordena.
El volumen de actuaciones refleja, además, una mayor confianza de trabajadores y empleadores en los canales institucionales. Los conflictos se canalizan donde deben: en el ámbito administrativo, con reglas claras, mediación efectiva y capacidad operativa distribuida en todo el territorio provincial.
El balance 2025 deja una certeza nítida: no solo se atendieron más reclamos, sino que se resolvieron mejor. Una política de intervención sostenida, con presencia real y resultados concretos, que convierte al conflicto laboral en una instancia de resolución.